La transformación digital ha redefinido profundamente nuestra vida cotidiana. Hoy, el entretenimiento, la información y la comunicación se desarrollan, en gran medida, en entornos virtuales. Durante la pandemia, esta modalidad se volvió central, instalando formas de socialización que continúan vigentes y cuya relevancia es incluso mayor que en la etapa prepandémica. Para muchas mujeres mayores, los espacios digitales se convirtieron en una vía clave para sostener vínculos, acceder a información, participar en actividades culturales y mantener la conexión con familiares y amistades.
Sin embargo, esta presencia creciente también expone a nuevas formas de violencia. Habitar los espacios digitales con seguridad y sin miedo es una condición imprescindible para el ejercicio pleno de derechos. Las tecnologías no son neutrales: reproducen desigualdades existentes y, en muchos casos, amplifican las violencias de género. Las mujeres, y particularmente las mujeres mayores, recibimos ataques misóginos, comentarios edadistas, descalificaciones, amenazas, estafas y diversas formas de acoso que buscan disciplinar, silenciar o expulsar nuestra participación en el entorno digital. Que la violencia digital se viva en ámbitos virtuales no quita que sean tan reales como un golpe y que generen daño a quien la sufre.
Estas agresiones no son hechos aislados ni triviales. Constituyen violencias que impactan directamente en la autonomía, la autoestima y la salud mental. El hostigamiento constante, el miedo a ser estafadas o expuestas, y la desconfianza hacia los entornos digitales pueden generar ansiedad, retraimiento social y autoexclusión, y aunque estén dadas por el ocultamiento detrás de una pantalla, menoscaban los derechos de las mujeres que lo viven. Así, la violencia digital cumple un objetivo claro: desalentar nuestra presencia en estos espacios, reforzando desigualdades históricas y limitando oportunidades de participación, aprendizaje y expresión.
Al mismo tiempo, debemos advertir que la virtualidad no debe sustituir nuestros vínculos presenciales. Si bien la tecnología ofrece enormes ventajas, es fundamental preservar el encuentro, la cercanía y el tejido comunitario, especialmente para las personas mayores. La clave está en un uso equilibrado, consciente y crítico de las herramientas digitales, que potencien nuestras capacidades sin aislar ni fragmentar la vida social.
En este contexto, resulta indispensable promover la alfabetización digital con perspectiva de género y edad, fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia de la violencia digital, y garantizar entornos virtuales accesibles, seguros y respetuosos. Estas formas de violencia se amplifican y perduran en el espacio digital potenciando los datos.
Es necesario señalar la reducida presencia de las mujeres en las disciplinas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), lo que limita la diversidad en el diseño, desarrollo y regulación de las tecnologías. Incrementar esta participación es clave para construir herramientas más inclusivas y sensibles a las realidades de las mujeres.
El uso de las tecnologías de la información para las personas mayores está garantizado como un derecho humano en el artículo 20 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; el mismo obliga a los Estados a “Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria”.
Si se generan las condiciones las personas mayores pueden aprender sin dificultad el uso de las mismas. Nuestro Programa Ibirapitá es una muestra de una política sostenida en el tiempo de inclusión digital ( ibirapita.org.uy) . Avanza en propuestas de entretenimiento saludable, ciudadanía digital, democratización de la cultura y envejecimiento creativo.
Además, la Ley 19580, integral de violencia hacia las mujeres, mandata en su artículo 29 al Instituto Nacional de Adulto Mayor y a todos los organismos vinculados a las personas mayores a difundir información dirigida a las mujeres mayores en particular y a las sociedades en su conjunto respect a las diversas manifestaciones de la violencia en la vejez. También la Ley 20327, de prevención y represión de la ciberdelincuencia, hace foco en las adultas mayores que a menudo son objeto de fraudes y otras formas de delitos debido a la brecha digital. Por último la Ley Modelo Interamericana, que estaremos presentando próximamente para su adaptación a Uruguay, reconoce la vulnerabilidad de varios colectivos, entre ellos las mujeres de todas las edades.
¡Habitar el espacio digital sin miedo es un derecho. Garantizarlo es una responsabilidad colectiva y una condición fundamental para una sociedad más justa, igualitaria e integrada!

