Margarita Percovich – Integrante de la Red Pro Cuidados

De la detallada relatoría elaborada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que puede consultarse en la página web del Diálogo Social, se analiza que las intervenciones de las personas y organizaciones sociales que se acercaron a los ámbitos de participación en todo el país, refirieron en un 55,4 % al bloque temático relativo a Infancias y Cuidados y el 44,6 % a Seguridad Social y Pensiones.

Asimismo se verifica una constante que relevamos las organizaciones sociales en todos los ámbitos participativos y que es la mayoría de presencia de mujeres activas en los temas que atañen a la vida y bienestar de las personas.

Dentro de los variados análisis técnicos recogidos sobre las características del régimen de Seguridad Social uruguayo, seleccionamos por su concreción el elaborado por el Laboratorio Fiscal y Tributario de CINVE que describe tres problemáticas que apuntan a mejorar los ingresos genuinos por contribuciones especiales, que sólo alcanzan a alrededor del 55% debilitando la estructura financiera del sistema.  El CINVE sintetiza tres problemas que deberían ser encarados por la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social para realizar propuestas al gobierno: discutir los múltiples regímenes especiales de aportación y sus exoneraciones; los cambios acelerados por la incorporación de nuevas tecnologías, y la disminución de la tasa de reproducción y el aumento de la esperanza de vida.

Aumento de la tasa de dependencia de las personas mayores

Es en este último punto que queremos reflexionar porque  la tasa de dependencia de las personas mayores de 65 años en relación a la población en edad laboral, seguirá aumentando en el corto y mediano plazo tal como lo vienen  afirmando los estudios demográficos detallados en los insumos técnicos consultados (OCDE, 2025).

El Banco de Previsión Social (BPS) acercó a los efectos de las discusiones  un informe realizado por su Asesoría General sobre la esperanza de vida por decil de ingresos, entendiendo que la interacción entre la mortalidad y el nivel de ingresos tiene importancia porque existen desigualdades que afectan la esperanza de vida.

Así el informe afirma que la relación entre ingresos y salud es consistente: a mayor ingreso, mejores indicadores de salud, menor prevalencia de enfermedades crónicas, menor mortalidad y mayor longevidad citando estudios internacionales.

Los avances y retrasos de los gobiernos 

El retraso en encarar con modificaciones progresivas las afectaciones que estos indicadores nos señalan, aún cuando el país promovió una reforma definitiva de la inclusión progresiva de todas las poblaciones a un Sistema Nacional de Salud, provoca problemas derivados del envejecimiento acelerado con bajos ingresos para cubrir las necesidades emergentes.

El país ha creado también un Sistema Nacional de Cuidados que incluye lineamientos para contemplar a las poblaciones que requieren apoyos para una vida digna, en la que la población de personas mayores y las personas con discapacidad son un eje central por las características demográficas que tiene.

En los debates y conclusiones del Diálogo Social se analizaron los estereotipos sociales (y aún técnicos) que enfrentan el gasto social en jubilaciones y pensiones con el gasto social en la población infantil y adolescente. Resulta una comparación inútil y ficticia porque si el país no ha invertido lo suficiente para encarar políticas efectivas para evitar los problemas estructurales de los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes, no es por culpa de miles de personas que han trabajado (muchas de ellas para mejorar esas situaciones) y merecen una vejez digna.

Las organizaciones sociales que luchamos por el Sistema de Cuidados entendemos que existe un retraso notorio en la consideración de la implementación de los cuidados de larga duración y que las restricciones fiscales actuales del país no pueden dejar de considerar lo expresado en los documentos acordados.

Los desafíos del Sistema de Cuidados

Insistimos que la única alternativa en la coyuntura es encarar las modificaciones necesarias del sistema de protección social con el estudio y concreción de un mecanismo de aportes corresponsables de todas las personas, porque en nuestra trayectoria de vida necesitamos el cuidado de otros/as y eso significa una política laboral especializada y dignamente remunerada y reconocida. La propuesta de creación de un fondo con los aportes de acuerdo a los ingresos de las personas es la respuesta justa y equilibrada para atender el retraso en el cumplimiento del derecho humano al cuidado que el Uruguay reconoció en forma pionera en la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El Plan Nacional de Cuidados 2025-2030 propone, en la construcción de los presupuestos de todas las instituciones estatales que atienden a las poblaciones que necesitan cuidados, el claro registro de los montos que se destinan a implementar las prácticas de cuidados. Esto supondría un cambio exponencial en la cultura de gestión del Estado.

El Plan Nacional de Envejecimiento que presentará el Inmayores en octubre, deberá impulsar la identificación de los problemas que las organizaciones de personas mayores han aportado en las consultas realizadas por este organismo rector de estas políticas en el cumplimiento de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Insistimos en que la Comisión de Seguridad Social de la OPP encargada de la elaboración de la hoja de ruta para la aplicación de las propuestas surgidas del Diálogo Social no puede dejar de tomar estos desafíos que hacen la vida de miles de uruguayos/as y sus familias.

La consideración de una institucionalidad jerarquizada para la Secretaría del SNIC que permita incidir en estos desafíos de gestión en las instituciones del Estado, seguirá siendo un reclamo expresado desde el 2025 por las organizaciones sociales y los centros de estudios integrantes del Comité Consultivo de Cuidados.