Dr. Italo Savio, especialista en Geriatría, Gerontología y Gestión de Servicios de Salud. Ex Profesor Titular (Grado 5) de la Unidad Académica de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina.

La “discriminación por edad en la vejez” es cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada (Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Cap. 1, Artículo 1, OEA, 2015; en Uruguay, Ley 19.430).

La norma establece la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, su valorización, dignidad y autonomía; la igualdad y no discriminación; su participación, integración e inclusión plena; el bienestar y cuidado integral; la equidad e igualdad de género; y el enfoque de curso de vida. Los países que ratificaron la Convención son garantes de salvaguardar estos principios y derechos.

La discriminación por edad hacia las personas mayores (edadismo o viejismo) es un problema “invisible” en nuestra sociedad y, en muchos casos, naturalizado. Fue identificado ya en los años 60 del siglo XX por R. Butler. Se reconoce tardíamente en comparación con otras formas de discriminación y generaciones, paradójicamente en la vejez, donde se acumulan múltiples desigualdades. La exclusión, entonces, se vuelve múltiple y amplificada. Se basa en falsos estereotipos y prejuicios sobre las personas mayores, que además favorecen el abuso y maltrato hacia este grupo etario.

El viejismo es un constructo que se fragua en lo cotidiano y se extiende, ya sea por acción u omisión, incluso en las políticas públicas, donde alcanza su expresión más grave. Con frecuencia, las propias personas mayores asumen el estereotipo social sobre “qué es ser viejo” (discriminación autoinfligida). Este fenómeno se construye desde la comunidad y el ámbito sociofamiliar, así como desde los discursos de formadores de opinión (medios, referentes sociales, opinólogos, etc.), desde la terminología (por ejemplo, “gerontocracia”) e incluso desde formas de “humor” peyorativo.

Se promueven falsas contradicciones que vulneran los principios de equidad, solidaridad intergeneracional y de una sociedad integrada para todas las edades. Las personas mayores no son responsables de la pobreza infantil. La matriz de bienestar social que nuestro país construyó durante un siglo es parte de los determinantes que hacen posible nuestro envejecimiento y expectativa de vida. Esto constituye un logro que debe ser valorado y jerarquizado.

Una proporción importante de personas mayores realiza transferencias intergeneracionales, ya sea en recursos o en roles intrafamiliares y sociales. Es necesaria una estrategia frente al viejismo desde las políticas públicas, que vaya mucho más allá de la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones, y que requiera acuerdos de largo plazo, incluyendo los cuidados y los cambios necesarios —aún no realizados— en el modelo de atención a la salud. Resulta fundamental incorporar la perspectiva de curso de vida y promover una sociedad integrada, sin exclusiones ni edadismo en la política sanitaria.

Es importante que las propias personas mayores identifiquen, cuestionen y propongan acciones frente a la discriminación por edad, ya que son actores principales. Tomar conciencia y actuar en consecuencia es clave.

Viejismo y servicios de salud

Existen ejemplos clásicos de viejismo en este ámbito: en la gestión clínica (“y a su edad, ¿usted qué quiere?”, “es por su edad”, etc.), en los objetivos terapéuticos e incluso en las opciones disponibles. La carencia de servicios hospitalarios de geriatría y de otros niveles de atención, o su exclusión de las regulaciones, también constituyen ejemplos, en una sociedad donde, en los próximos 15 años, más del 20% de la población será mayor.

El viejismo también afecta la calidad del gasto en salud. Si no se realizan cambios en el modelo de atención orientados a una población envejecida, y si no se considera este tema desde una perspectiva de derechos y eficiencia sanitaria, se compromete el sistema. Es necesario desarrollar servicios geriátricos integrados junto con el fortalecimiento del primer nivel de atención.

Asimismo, resulta prioritario que la Universidad de la República (UdelaR) asigne recursos específicos a la formación en geriatría y gerontología, áreas aún muy deficitarias, especialmente en el ámbito de la salud. Asignar recursos a estructuras académicas acordes a las necesidades y a la estructura etaria de la población es ineludible e impostergable.

Algunos ejemplos para reflexionar:

• Las personas mayores son excluidas de forma explícita de metas prestacionales vinculadas a la prevención de enfermedades crónicas y de objetivos asociados a pagos variables a prestadores de salud. Esto genera una asimetría entre el modelo de atención y la estructura etaria de la población, afectando la calidad del gasto en salud en una sociedad envejecida.
• Las personas mayores presentan la tasa de suicidio más alta en Uruguay. Su “eficacia” es elevada, pero quedan excluidas de estrategias de mejora. La accesibilidad a medicación antidepresiva se ve limitada por tickets o copagos, y no existen modalidades actuales de psicoterapia adaptadas a este grupo, aunque sí para rangos etarios más jóvenes.
• De acuerdo con recomendaciones internacionales, incluyendo la OMS, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) beneficia a otras poblaciones, especialmente a personas mayores frágiles. Sin embargo, en nuestro medio, esta inmunización está limitada a mujeres gestantes.
• Desde 2015 se eliminaron metas asociadas a la prevención o atención específica de personas mayores. La meta 3, vinculada al grupo etario (carné del adulto mayor, médico de referencia y control de salud anual), fue sustituida por la meta 4 (cargos de alta dedicación). Actualmente, existen solo dos cargos de alta dedicación en geriatría en todo Uruguay y las prestaciones de la meta 3 han cesado.
• Un sistema de cuidados —complementario a la atención sanitaria para personas dependientes o con necesidades de atención prolongada— aún carece de sostenibilidad financiera y anclaje territorial. Las personas mayores continúan sin ser una prioridad.