Mtro. Héctor Florit

Los cambios demográficos que enfrenta Uruguay son muy importantes y configuran nuevos escenarios para las políticas públicas y los reclamos sociales. Preocupa la caída de los nacimientos, que en los últimos 30 años se redujeron a la mitad, pasando de 60.000 a menos de 30.000, así como el número de hijos por mujer, que en ese mismo período descendió de 2,36 a 1,43.

La expectativa de vida, actualmente en 80 años, continuará mejorando hasta alcanzar los 85 años en 2050, con una leve diferencia a favor de las mujeres. El efecto combinado de menos nacimientos y mayor longevidad modificará la pirámide de edades: las personas mayores de 65 años, que representaban el 8% hace 60 años, hoy suman 524.000 (15%, Censo 2023) y alcanzarán el 30% de la población hacia fines de este siglo. Las jubilaciones pasarán de 480.000 a unas 720.000 en el año 2100.

Estos datos, junto con otros difundidos por el BPS, el INE y el MIDES, reflejan una sociedad con altas tasas de dependencia de jóvenes y adultos mayores respecto de la población económicamente activa, con fuertes desigualdades y una preocupante tendencia a analizar la pobreza y otras injusticias según etapas de la vida, en lugar de explicarlas por la estructura social. Es urgente atender la pobreza de niños, jóvenes, adultos y personas mayores, sin contraponer las necesidades legítimas de los distintos grupos excluidos, más allá de la edad.

Resulta fundamental abordar las inequidades estructurales y promover una perspectiva de largo plazo que permita avanzar hacia horizontes más justos, considerando la asimetría en las tendencias de los distintos grupos etarios. La caída de la natalidad, que se traducirá en unos 120.000 niños menos en pocos años, abre también una ventana de oportunidades para mejorar la atención en salud y educación: extensión del tiempo completo, atención personalizada, alimentación, trayectorias protegidas, egreso de educación media, entre otros. Por el contrario, el aumento de la expectativa de vida y, en consecuencia, de la población adulta mayor, plantea un escenario de incremento en la demanda y posibles restricciones.

Dicho de otro modo, mientras algunas políticas sociales mejorarán su impacto con el tiempo y la transición demográfica, otras requieren una intervención fuerte en el presente para garantizar mínimos de bienestar que serán más difíciles de alcanzar en un futuro con mayores demandas.

HACIA UNA AGENDA DE MÍNIMOS

La menor incidencia de la pobreza entre las personas mayores es un dato relevante y responde a una larga tradición de lucha y conquistas en materia de protección social, que han fortalecido la cobertura y la suficiencia de las prestaciones. Este logro, que constituye un orgullo colectivo, no debe ocultar deficiencias y desigualdades persistentes.

En efecto, la pobreza por ingresos afecta a unas 35.000 personas mayores de 65 años: el 6,3% vive en hogares que no cubren sus necesidades básicas, donde los ingresos laborales o pasividades resultan insuficientes para afrontar gastos de alimentación, transporte, salud y vivienda. En particular, quienes deben pagar alquiler requieren aproximadamente un 30% más de ingresos para no caer en la pobreza.

El año pasado también se estimó la pobreza multidimensional, que mide el acceso a educación, servicios, empleo, vivienda y saneamiento, entre otros. Según el INE, unas 46.500 personas mayores de 65 años (8,3%) se encuentran en esta situación, debido a la acumulación de carencias. Entre las más frecuentes se destacan la falta de acceso a Internet y problemas graves en la vivienda (techos o paredes precarias, o falta de calefacción). Otras carencias relevantes incluyen la ausencia de cobertura de seguridad social, la falta de baño en la vivienda y el hacinamiento.

La mayoría de este grupo con carencias críticas también es pobre por ingresos e integra hogares en situación de pobreza. Algunos se encuentran en situación de calle; muchos presentan problemas de salud mental, y otros tienen personas dependientes a su cargo sin ingresos.

RECLAMOS JUSTOS

El Congreso de ONAJPU ha ratificado demandas históricas que este documento busca fundamentar como necesarias y oportunas. Mejorar las prestaciones básicas, reduciendo el número de personas mayores que viven en hogares pobres, es clave para sacar de la pobreza tanto a ellos como a sus familias. En este sentido, es momento de acordar un programa de incrementos que permita alcanzar, en un plazo breve, una jubilación mínima de 4 BPC ($ 27.456), apenas por encima de la línea de pobreza para un hogar unipersonal en Montevideo ($ 24.434).

Con igual urgencia, es necesario mejorar las prestaciones del sistema integrado de salud, reconociendo que muchas personas con ingresos por encima de la línea de pobreza no pueden afrontar los costos de copagos, medicamentos y otros servicios. El INE estima que el 3,4% de la canasta básica se destina a gastos personales de salud. Esto equivale a $ 831 mensuales para un adulto solo y $ 576 per cápita en un hogar de cuatro personas, montos claramente insuficientes para cubrir medicamentos, órdenes médicas, odontología, curaciones y otros gastos.

Es imperioso avanzar en soluciones habitacionales (vivienda, subsidio de alquiler, cupo cama, hogares), considerando que los alquileres aumentaron en 2025 por encima del IPC y tienen un impacto decisivo en la calidad de vida de las personas jubiladas. Asimismo, los gastos previstos en la canasta del INE para tarifas públicas resultan insuficientes (para un hogar de cuatro personas se estiman $ 475 per cápita para UTE y $ 205 para OSE). Incluso quienes no son pobres por ingresos enfrentan dificultades para afrontar estos costos, situación que podría mitigarse mediante beneficios como la “canasta energética”.

En síntesis, garantizar la seguridad económica, el acceso a la vivienda, la salud, los cuidados, la recreación y el turismo requiere acordar un programa presupuestal que compatibilice, en plazos breves, el crecimiento del número de beneficiarios con el fortalecimiento de pisos mínimos que aseguren una vida digna.