El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que nació en Beijing, en 1995, en la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer y que Naciones Unidas oficializó en 2007 para visibilizar la importancia de esas mujeres que, con su esfuerzo diario, garantizan la continuidad de las comunidades rurales y contribuyen al desarrollo sostenible.

En este marco, la Dirección Representante de Jubilados y Pensionistas del Banco de Previsión Social hace llegar un saludo y un reconocimiento especial a todas las mujeres rurales de nuestro país, que con esfuerzo y dedicación sostienen la vida en el campo y contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad.

En Uruguay, su aporte es inmenso, aunque muchas veces invisible. Son las que siembran, cosechan, crían animales, pero también cocinan, limpian, cuidan a sus hijos y a los mayores. Llevan sobre sus espaldas una doble jornada que rara vez se reconoce. Su esfuerzo cotidiano mantiene no solo a sus familias, sino también a la producción nacional y a las comunidades rurales.

En el Banco de Previsión Social no existe ninguna prestación específica para las trabajadoras rurales. Sin embargo, cumpliendo con los requisitos establecidos, tienen derecho a todas las prestaciones que también alcanzan a las trabajadoras de la industria y el comercio: entre otras, maternidad, enfermedad, desempleo, afiliación mutual y jubilación. El mayor problema surge en la brecha entre el derecho y la realidad: la informalidad. Muchas de estas mujeres nunca figuran en planillas, aunque día tras día trabajen en la tierra o en las casas de sus empleadores, lo que en la práctica las deja sin acceso a los beneficios que la ley les garantiza.

Los datos son claros: las mujeres representan el 45,9% de la población que vive en zonas rurales. Sin embargo, cuando miramos a los trabajadores rurales registrados en el BPS, solo el 30% son mujeres, frente a un 70% de hombres. Esto evidencia una brecha de casi 16 puntos porcentuales entre la presencia femenina en el medio rural y su participación formal en el mercado de trabajo, lo que refleja desigualdades estructurales y el peso del trabajo no registrado.

Y esa invisibilidad laboral trae consecuencias muy duras en la jubilación. Porque para jubilarse no alcanza con decir que se trabajó: hay que demostrar que se cumplió efectivamente una relación laboral remunerada. Los requisitos para jubilarse varían según la edad: la jubilación común exige 30 años de trabajo y 60 años de edad, mientras que la jubilación por edad avanzada requiere 25 años de trabajo a los 65 años o 15 años a los 70, con escalones intermedios donde, a medida que aumenta la edad, se reducen los años exigidos. ¿Qué pasa entonces con miles de mujeres rurales que trabajaron toda su vida, pero lo hicieron sin estar registradas y muchas veces sin percibir un salario?

Esto trae grandes inconvenientes para este colectivo, ya que muchas de estas mujeres tienen pocos años de aportes y una gran cantidad directamente no los tienen. De esta forma deben recurrir a testigos para validar que sí trabajaron, con la dificultad que esto conlleva: hablamos de conseguir personas que recuerden hechos de muchos años atrás y en un contexto rural donde es difícil encontrarlas. Además, se necesita que esos testigos hubieran visto regularmente a las trabajadoras desempeñando sus tareas y, aún más complejo, que puedan acreditar en qué carácter lo hacen: si recibían remuneración o si trabajaban únicamente a cambio de vivienda. Muchas veces, cuando se les consulta, la respuesta de los testigos es que no saben si percibían sueldo, y el BPS invalida este tipo de declaraciones, lo que deja a las trabajadoras sin posibilidad de probar su labor.

La vida en el campo nunca fue sencilla, pero para las mujeres lo es aún menos. Cargan con la doble responsabilidad de producir y de cuidar, con escaso acceso a tierra, crédito, educación y espacios de decisión. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, son ellas quienes mantienen en pie los hogares, transmiten saberes y dan vida a las comunidades rurales.

Celebramos y honramos a todas las mujeres rurales de nuestro país. Reconocer su trabajo, garantizar sus derechos y abrirles más oportunidades no es solo un acto de justicia: es asegurar el futuro del campo y de toda nuestra sociedad.