Valentina Perrotta, Doctora en Sociología, Adjunta a la Dirección de la Secretaría Nacional de Cuidados
Las personas mayores son un colectivo construido a partir de mandatos morales e imaginarios sociales, normas culturales, e intereses económicos y políticos. No son un colectivo homogéneo, pero insistentemente el imaginario social nos empuja a que pensemos en ellas como si lo fueran. Sobre todo cuando se acerca la conmemoración del 19 de junio, día en que sólo las valoramos en uno de sus múltiples y posibles roles, el de ser abuelos/as. La definición de personas mayores en Uruguay se rige por la ley Núm. 18.617 que las define como todas quienes alcanzan la edad de sesenta y cinco años. A su vez, Uruguay ratifica mediante la Ley Núm. 19.430 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), un tratado de vanguardia que amplía los mecanismos de protección jurídica y coloca a las personas mayores en una nueva categoría: la de sujeto de derecho humano (Palma, Perrotta y Rovira, 2016). El reconocimiento de la especificidad de las personas mayores como titulares de derechos se ve obstaculizado por cuatro factores: 1) su irrupción reciente como sujetos políticos diferenciados; 2) el conflicto al que se ven sometidas para identificarse con un colectivo con rasgos que simbolizan marginación, enfermedad y soledad, 3) la carencia de un modelo social de atención que promueva su autonomía, y 4) las reacciones adversas frente a los supuestos privilegios de los que ellas gozan en la sociedad (Huenchuan, 2013 en 2022). Las percepciones predominantes sobre las personas mayores ubican al envejecimiento como una etapa de decadencia y se traducen en un abordaje desde las políticas públicas que refuerza su identidad devaluada. En este sentido, la discriminación y la desigualdad simbólica son producciones de sentido que capturan los procesos de envejecimiento de las personas y restringen, mediante distintos dispositivos de poder, las posibilidades de éstas como interlocutoras políticas en el campo social (Rovira, 2017).
A pesar de la diversidad de trayectorias vitales que podemos imaginar de las 545.301 personas mayores que viven en Uruguay (INE, 2024), asombrosamente, a partir de que cumplen 65 años las encasillamos a todas en un mismo rol, el de “abuelos”, y no casualmente usamos un término que excluye a la mayoría de ellas, que son mujeres (7 de cada 10 en el tramo de 85 y más). Y además les asignamos iguales condiciones materiales de vida, roles (jubilados), estado de salud y nivel de dependencia, necesidades, deseos e intereses. Las evidencias que demuestran la heterogeneidad de este colectivo son sistemáticamente desoídas. Y homogeneizar un colectivo bajo una sola categoría es irrespetuoso de las singularidades que atraviesan sus vidas.
La gran mayoría de personas mayores no son dependientes; sólo el 11.5% tiene algún grado de dependencia, 6.6% reporta dificultades para realizar al menos una actividad básica de la vida diaria, y 10.9% para realizar al menos una actividad instrumental (ELPS 2013, en Aranco y Sorio, 2019). Sobre su “inactividad”, si sólo nos referimos al trabajo no remunerado de cuidados, un 40.5% provee cuidado a niños/as entre 0 a 4 años, ubicándose en el tercer lugar en la provisión de cuidados en los hogares, luego de las madres (98.2%) y los padres (79.8%) (ENDIS, 2018 en Batthyány y Scavino, 2021). Esto permite que los/as adultos/as del hogar puedan generar ingresos. Finalmente, los ingresos de las personas mayores contribuyen a sostener el bienestar de las generaciones más jóvenes y a mitigar la pobreza infantil por medio de transferencias privadas entre hogares (Buchelli y González, 2024 y 2026).
Las personas (mujeres) mayores y el trabajo invisible del cuidado: ¿qué sucede cuando requieren cuidados?
La naturalización del rol de las abuelas cuidadoras supone que siempre parten de una “libre” elección, mientras que son varios factores los que limitan esta libertad. Por un lado, el factor material; la capacidad de las familias de pagar cuidado (niñeras, colegios). Cuando pueden hacerlo, las abuelas deciden cuándo, cuánto tiempo y en qué condiciones cuidan. Sin embargo, cuando el cuidado provisto por ellas es la única alternativa que permite que sus hijas/os sostengan sus ingresos, los grados de libertad disminuyen (Batthyány, Perrotta y Scavino, 2020). Otro factor determinante es la universalidad, calidad y accesibilidad de la oferta pública, la cual todavía dista de cubrir ocho horas de cuidado diarias para las infancias. De los 61.043 niñas/os que concurren a CAIF, 33.780 lo hacen diariamente, mientras que 27.263 concurren una vez a la semana. Solamente 10.872 concurren 8 horas diarias (SNC, 2024). Finalmente, en el cuidado de las abuelas pesa el mandato moral respecto a que el cuidado familiar (femenino) y domiciliario es (en todos los casos) el mejor cuidado posible, ideal predominante en la población uruguaya (Batthyány, Genta y Perrotta, 2013; Batthyány, Perrotta y Scavino, 2025).
Cuando las personas mayores son sujetos de cuidados las mujeres enfrentan una cruel contradicción: el cuidado ha recaído sobre ellas a lo largo de su trayectoria vital, y cuando más lo requieren no lo reciben en forma suficiente y con calidad. Sumado a ello, y sin ninguna intención de contribuir a la polarización de derechos de un colectivo por sobre otro -que muchas veces se observa en la discusión pública-, cabe problematizar la idea de que las personas mayores son (todas) privilegiadas. Si bien presentan menores niveles de pobreza que otros colectivos, asociados a la extendida cobertura de la seguridad social y a la creciente proporción de personas mayores viviendo solas, cuando presentan necesidades de cuidado es muy probable que en la mayoría de los casos sus niveles de ingreso no les permitan costearlas (sobre todo en el caso de las mujeres, quienes perciben menores ingresos en la vejez).
El Estado uruguayo mantiene una deuda con las personas mayores que requieren cuidados para alimentarse, higienizarse, movilizarse y situarse en tiempo y espacio, pero también para las que requieren apoyos para actividades instrumentales (manejar dinero, realizar trámites, acudir a consultas médicas, terapias, etc.) o para contener necesidades emocionales (la prevención de la soledad no deseada, por ejemplo). La creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en 2015 implicó un gran avance, pero la cobertura continúa siendo limitada y focalizada, y la calidad de los servicios permanece estratificada en función de los ingresos (Perrotta, 2023). Con el horizonte de contribuir a cerrar estas brechas, el Tercer Plan Nacional de Cuidados (2026-2030) se propone ampliar el acceso a servicios y la mejora de su calidad, diversificar la oferta para distintos niveles de dependencia, fortalecer proyectos comunitarios, crear viviendas con apoyos donde convivan personas con distintos grados de autonomía con cuidado profesional, entre otras acciones (JNC, 2026).
Debemos enriquecer la forma en que concebimos a las personas mayores, evitando miradas homogeneizantes y catastróficas sobre el envejecimiento. No todas las personas mayores son abuelos/as, la mayoría no requieren cuidados, una gran proporción aporta su trabajo no remunerado de cuidados y sus ingresos al bienestar de otras generaciones. Debemos reconocernos como seres envejecientes, preguntarnos sobre las condiciones en que aspiramos envejecer y sobre quiénes consideramos justo que recaiga nuestro cuidado. Esta no es una discusión económica, es ética y política, y es de primer orden.
Referencias bibliográficas
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